En marzo de 2020, escribí sobre cómo Ladakh, la región más septentrional de la India, fronteriza con el Tíbet, se enfrenta a una difícil disyuntiva: sucumbir a la lógica dominante del «desarrollo», que borraría su singularidad ecológica y cultural, y forjar su propio camino hacia el bienestar basándose en dicha singularidad. El contexto fue que, en agosto de 2019, Ladakh pasó de ser una región dentro del estado de Jammu y Cachemira (J&K) a un territorio de la unión (TU), administrado directamente por el gobierno central en Nueva Delhi. Esto formó parte de la decisión de Delhi de implementar un cambio drástico en el estatus de Jammu y Cachemira en su conjunto, pasando de ser un estado con relativa independencia garantizada por disposiciones especiales de la constitución india a ser dos territorios de la unión bajo el control del gobierno central (J&K como uno, Ladakh como el otro). Las consecuencias de esta acción para J&K han sido graves, pero aquí me centro en Ladakh.

