Una vivienda digna es una necesidad fundamental de la persona, reconocida y consagrada como derecho humano. La otra cara de la moneda es la mercantilización de la vivienda social o popular. En el Perú, programas estatales de vivienda social son del dominio de empresas constructoras, imposibilitando la autoconstrucción por parte de las familias. La banca comercial, encargada de la colocación del subsidio estatal acentúa el problema pues los pobres como grupo destinatario principal del subsidio estatal no logran calificar. El ejemplo del Movimiento de los Sin Techo de Lima/Perú rompe esquemas y barreras, logrando desde su persistencia acceso a la vivienda digna.