Art 66. Territorio en disputa, comunidad en pie

enero 12, 2026

La comunidad Santa Marta, repoblada en 1987 al final de la guerra civil salvadoreña, enfrenta hoy nuevas amenazas: proyectos mineros y criminalización de la protesta social. Junto con la Asociación de Desarrollo Económico Social y su cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, los habitantes defienden el territorio, el agua y la democracia, sosteniendo la organización, la solidaridad y la lucha colectiva como pilares de su proyecto histórico.

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La comunidad Santa Marta, en Cabañas, El Salvador, repoblada en 1987 al final de la guerra civil, enfrenta hoy nuevas amenazas: proyectos mineros y procesos de criminalización. Junto con ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social) y su cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, sus habitantes defienden el territorio, el agua y la democracia, sosteniendo la organización, la solidaridad y la lucha colectiva como pilares de su proyecto histórico.

El Regreso

La comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, en El Salvador, es una de tantas repoblaciones nacidas de la guerra civil (1979-1992). Durante aquellos años, más de diez mil familias huyeron de masacres y de la estrategia militar de tierra arrasada, buscando refugio en el vecino país de Honduras.

A finales de los años ochenta, tras años en el exilio, muchas familias decidieron regresar. Cruzaron la frontera aun cuando el conflicto armado no había terminado; los Acuerdos de Paz llegarían recién en 1992. Durante los primeros años de retorno, las comunidades continuaron sufriendo hostigamiento militar.

A pesar de la tragedia del desalojo y la pérdida de tantas vidas, el tejido social entre las familias se convirtió en un recurso invaluable para enfrentar las emergencias. En Santa Marta, líderes como Carlos Bonilla Velasco y Bartolomé Henríquez Otero fundaron, poco después del repoblamiento, una organización comunitaria.

Hoy, la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES) cumple 32 años, acompañando a las comunidades con apuestas en educación, fortaleciendo liderazgo comunitario, gestión en infraestructura (escuelas ,canchas de futbol, unidades de salud comunitarias), gestión de proyectos de agua potable, promoción de la agricultura orgánica y dinamizando procesos de información y comunicación. En sus inicios, su radio de acción se limitaba a Santa Marta y comunidades cercanas; con el tiempo, se ha extendido al departamento de Cabañas.

La organización comunitaria también permitió la creación de la cooperativa local Nueva Heroica Santa Marta, actualmente dirigida por Peter Nataren. Gracias a la existencia de tierras comunales, la cooperativa las administra y, además, impulsa diversos proyectos productivos y sociales para beneficio de la comunidad.

Territorio de resistencia

La comunidad de Santa Marta ha mantenido una voz firme en la protección del medio ambiente y la defensa del territorio frente a las lógicas extractivas, en particular la amenaza de la minería metálica. En articulación con diversos grupos y organizaciones, ADES, la cooperativa local y activistas ambientales participaron activamente en el proceso que condujo a la aprobación de la ley de 2017 que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Aun después de esta victoria histórica, la comunidad siguió siendo parte esencial del movimiento antiminería en el país. “No nos cansamos de buscar aliados en la lucha por la vida y la defensa del territorio”, afirma Vidalina Morales, integrante de la junta directiva de ADES. Por su parte, Peter Nataren, presidente de la cooperativa, añade: “Estamos buscando alianzas con la Iglesia católica local para proteger nuestras aguas. Para sensibilizar y convencer, necesitamos trabajar mucho desde la comunicación”. Tanto ADES como la cooperativa se conciben como organismos de apoyo técnico que fortalecen el protagonismo y los liderazgos locales.

Desobediencia colectiva

¿Puede la colectivización de la desobediencia ante actitudes antidemocráticas convertirse en un escudo efectivo que, con el tiempo, debilite el abuso de poder? ¿Qué nos enseña la experiencia de Santa Marta al respecto?

El regreso del fantasma minero

El 23 de diciembre del 2024, en el marco de la campaña del actual gobierno, fue derogada la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad en el Congreso salvadoreño en 2017. Para 2023, el presupuesto nacional asignó 4.5 millones de dólares a la revisión y actualización de esa normativa. A la par, se observan inversiones significativas en conectividad vial en zonas con potencial minero, lo que crea condiciones de transporte ante un eventual inicio de proyectos extractivos. Mientras expertos independientes califican los yacimientos de oro, plata y otros minerales como moderados, la propaganda oficial insiste en presentarlos como altamente promisorios. En este contexto, crece la tensión: es un secreto a voces que la resistencia comunitaria y la defensa del territorio incomodan al gobierno central.

Cuando la justicia se vuelve persecución

El 11 de enero de 2023, cinco defensores ambientales de Santa Marta fueron detenidos, entre ellos el entonces director de ADES y el abogado asesor de la organización. La fiscalía los acusó de un asesinato supuestamente cometido hace más de treinta años, al final de la guerra civil. Durante la audiencia, el único testigo admitió que no había presenciado el crimen, sino que escuchó de terceros. A pesar de la falta de pruebas consistentes, el grupo permaneció privado de libertad por más de un año y medio, sin acceso adecuado a atención médica, incluso en casos de salud delicada.

Instancias de las Naciones Unidas y gobiernos de países como Canadá, Estados Unidos y España tuvieron que intervenir para lograr la liberación. Este hecho ha dejado serias dudas sobre la independencia del poder judicial salvadoreño. En años anteriores ya hubo amenazas a personas defensores del medio ambiente. Algunas personas pagaron con su vida por su valentía de proteger la naturaleza.

Garante del proyecto histórico

La fiscalía no ha logrado revertir la libertad condicional de las cinco personas detenidas, pero continúa acusándolas sin presentar pruebas contundentes. Para una de ellas, “esto no es la última palabra”. El gobierno parece decidido a impedir la rearticulación de la resistencia antiminería, recurriendo a acusaciones ficticias y a la criminalización de la protesta social.

La opinión pública está dividida, pero la mayoría rechaza reabrir la puerta a la minería metálica. Entre las razones, destaca que El Salvador vive una crisis hídrica severa: más del 90 % de sus cuencas fluviales están contaminadas. La experiencia de contaminación minera en Honduras refuerza este escepticismo. Frente al discurso oficial, el movimiento antiminería ha sabido contrarrestar con una narrativa sólida y efectiva.

Al día siguiente de la detención arbitraria, la comunidad de Santa Marta respondió con firmeza: conferencias de prensa, actividades públicas y manifestaciones en defensa del territorio y del medio ambiente. Se reafirmó, así como garante de su proyecto histórico. “Al principio no fue fácil trabajar el tema de la minería, no estaba en la agenda de la gente”, reconocen miembros de ADES. Sin embargo, supieron tejer redes, crear mesas de diálogo como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, posicionar el tema a nivel nacional y construir alianzas internacionales. Las luchas antiminería en Cabañas y Chalatenango han contado con el apoyo de Misereor (Alemania) y otros cooperantes.

Protagonismo comunitario

¿Coincides en que la vulnerabilidad sería mucho mayor si el protagonismo recayera únicamente en las organizaciones, especialmente ahora, bajo la presión de la llamada “ley mordaza”?

Un nuevo desafío: la ley mordaza

El gobierno ha impulsado recientemente la ley de agentes extranjeros, que exige pagar un impuesto del 30 % sobre los recursos recibidos del exterior y obliga a registrarse como agentes extranjeros. Además, impone multas de hasta 200.000 dólares por su incumplimiento. Todo parece indicar que El Salvador transita hacia un escenario en el que la democracia y la libertad de opinión se perciben como obstáculos para los planes oficiales. Mientras tanto, empresas transnacionales y capitales golondrina observan expectantes. La incertidumbre crece, pero también la convicción ciudadana de no renunciar a su proyecto histórico. La comunidad de Santa Marta sigue, como siempre, en primera línea.

Acciones concretas para el presente:

Formar parte del territorio

Infórmate, acompaña y respalda las demandas y resistencias legítimas de tu comunidad y de tu entorno. Cada gesto de apoyo fortalece la defensa colectiva de la vida y del territorio.

Evitar la dependencia, cultivar el coraje civil

Salir de la zona de comodidad —y, a veces, de seguridad— es indispensable cuando se trata de proteger una causa justa. Actuar en consecuencia es un acto de dignidad y compromiso con el presente y el futuro.

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Mensajes al Futuro

1

El respaldo solidario y valiente de la comunidad de Santa Marta, junto con sus organizaciones técnicas, es hoy un referente nacional y regional. Admirable resulta la firmeza con la que sostiene la defensa del territorio, sin ceder ante presiones coyunturales. Más que la voz de unos pocos líderes, se trata de una reivindicación colectiva respaldada por todo un pueblo comprometido con su proyecto histórico.

2

La decisión de ADES y de la cooperativa de asumir un papel subsidiario, destinado a fortalecer el liderazgo y el protagonismo local —y no a competir por él— ha sido clave para la continuidad del proceso histórico comunitario.

Este artículo fue escrito por Jorge Krekeler, coordinador del Almanaque del Futuro y facilitador de Misereor por encargo de Agiamondo, a partir de su visita y conversaciones con integrantes de ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social) en su sede de Guacoteti, departamento de Cabañas. La visita contó con el acompañamiento de Guillermo Navarro, de Cáritas Nacional de El Salvador. El Almanaque del Futuro expresa su profundo agradecimiento a Guillermo Navarro por su apertura y disposición a explorar senderos transformadores y a tejer redes de colaboración. Un reconocimiento especial a Vidalina Morales, Alfredo Leiva, Lila Alvarenga e Ingrid Laínez, integrantes de la junta directiva y del equipo técnico de ADES, así como a Peter Nataren, de la cooperativa, quienes compartieron relatos que fueron verdaderos viajes por el tiempo, siempre narrados desde la primera línea de la resistencia.