La Marcha Indígena de 1996 en Bolivia marcó un hito en la exigencia por el reconocimiento y la titulación de los territorios indígenas. Uno de los espacios reivindicados en este proceso fue el Ñembi Guasu —nombre guaraní que significa “gran refugio” o “gran escondite”—, ubicado en el corazón del Chaco boliviano. Con la creación de la autonomía indígena de Charagua Iyambae en 2015, se abrió un camino concreto hacia la gestión propia del territorio. En 2019, el Ñembi Guasu fue declarado Área de Conservación e Importancia Ecológica (ACIE), tras su incorporación en el Estatuto Autonómico. Este territorio estratégico conecta diversos ecosistemas y alberga comunidades en aislamiento voluntario. En conjunto con los parques nacionales colindantes, forma parte de una vasta zona de más de siete millones de hectáreas bajo protección, considerada un hotspot de conservación en América del Sur. No obstante, este proceso de reapropiación territorial ha enfrentado múltiples amenazas: incendios devastadores —algunos provocados—, deforestación, asentamientos ilegales y la presión constante de políticas estatales que favorecen la expansión agropecuaria.
Como respuesta a los incendios de 2019, la autonomía indígena promulgó en 2020 la Ley de Pausa Ambiental, un esfuerzo por frenar la degradación del ecosistema y recuperar el equilibrio del territorio. Inspecciones judiciales posteriores confirmaron una serie de violaciones y daños ambientales graves. A ello se suman denuncias sobre proyectos de infraestructura que amenazan la integridad del área. El caso del Ñembi Guasu representa un proceso emblemático —y quizás único— en la región: el pueblo guaraní, desde el ejercicio de su autonomía, retoma la demanda histórica de resguardar esta reserva como un paso esencial en la reconstitución de su territorio ancestral. La aspiración de intangibilidad no solo busca proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, sino también preservar una confluencia de ecosistemas de altísimo valor biológico y cultural. Pese a la falta de voluntad política y la permisividad estatal frente a actividades extractivas, en Ñembi Guasu parece abrirse un camino hacia el futuro. Un futuro guiado por la resistencia, la autodeterminación y la esperanza.
En agosto de 1996, varias naciones y pueblos indígenas protagonizaron la Segunda Marcha Indígena en Bolivia, exigiendo al Estado tierra y territorio, acceso a recursos naturales, desarrollo y participación política. El pueblo guaraní, en particular, demandó la titulación de 19 territorios, que en conjunto sumaban más de diez millones de hectáreas. Entre ellos se encontraba el Ñembi Guasu, que en lengua guaraní significa “gran refugio” o “gran escondite”. Tras las negociaciones entre la dirigencia guaraní y el gobierno nacional, se logró la creación del Parque Nacional Kaa-Iya. Sin embargo, la titulación legal del Ñembi Guasu aún no se concretaba. Aun así, este territorio ya había retomado un lugar fundamental en la conciencia colectiva del pueblo guaraní como el gran refugio que debía ser resguardado.
En 2015, con el nacimiento de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) en el municipio de Charagua, se abrió un nuevo capítulo. El Estatuto de la Autonomía declaró al Ñembi Guasu como Área de Conservación e Importancia Ecológica (ACIE), figura que, más allá del tecnicismo, representaba un acto de reapropiación simbólica y política, en el marco del gran objetivo de la nación guaraní —y de los pueblos indígenas de América en general—: la reconstitución territorial.
En 2019, mediante una ley autonómica, la AIOC otorgó protección legal al Ñembi Guasu, con una extensión de 1.207.850 hectáreas. Gracias al reconocimiento constitucional de la autonomía indígena, este territorio pasó nuevamente a manos del pueblo guaraní. O, dicho de otra manera, volvió a casa. Los investigadores y aliados incondicionales del movimiento indígena, Leonardo Tamburini y Marcelo Siles, identifican tres dimensiones fundamentales en el proceso de reapropiación del Ñembi Guasu:
Ñembi Guasu conecta los parques nacionales Kaa-Iya y Otuquis, formando así un mega hotspot de conservación con más de siete millones de hectáreas continuas. Su importancia trasciende fronteras: representa no solo un refugio de biodiversidad, sino también un símbolo del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y de la esperanza de un futuro con futuro.